Seguro contra catástrofes naturales en Latinoamérica
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Seguro contra catástrofes naturales en Latinoamérica

Earthquake Damage, mexico City

El mercado de seguros de América Latina está expuesto a una impresionante variedad de catástrofes naturales. Además de los peligros tradicionales de los terremotos en los Andes y México y los huracanes en América Central y el Caribe, una serie de amenazas relativamente nuevas vienen ganando peso últimamente, como las inundaciones en la región y las sequías en el Cono Sur.

Sin embargo, lo que faltan son herramientas de transferencia de riesgos que podrían ayudar a los países de la región a mitigar el impacto financiero de eventos catastróficos y acelerar la ayuda humanitaria y los esfuerzos de reconstrucción.

La ausencia de dichas estructuras es una de las razones por las que la penetración de los seguros catastróficos en la región sigue siendo muy baja. Según Swiss Re, los países latinoamericanos sufrieron en 2022 $17.400 millones en pérdidas económicas vinculadas a eventos catastróficos. De esa cifra, solo 1900 millones de dólares, o alrededor del 11 %, estaban cubiertos por el seguro. En Estados Unidos y Europa, el nivel de protección alcanzó más del 58%.

Los esquemas de mutualización de riesgos como el Consorcio de Compensación de Seguros de España o los grupos de seguros contra catástrofes naturales administrados por CCR en Francia o Flood Re en el Reino Unido han ayudado a desarrollar protección contra riesgos catastróficos en sus respectivos mercados. En los EE. UU., las asociaciones públicas y privadas como el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones, o NFIP sigla en inglés, han tenido un impacto similar, y un poderoso mercado de bonos catastróficos también ha contribuido a mitigar las pérdidas que soportan los propietarios de viviendas y negocios.

En América Latina, sin embargo, el sector de seguros y los funcionarios privados en general no han logrado presentar herramientas satisfactorias de mitigación financiera, y los gobiernos tienen que pagar prácticamente todo el costo de la reconstrucción cuando ocurre una catástrofe. Sin embargo, hay una serie de experiencias en marcha que podrían ayudar a aumentar los niveles de protección con la participación de los mercados de seguros, reaseguros y capitales.

La más reciente fue la emisión en marzo de $350 millones en bonos catastróficos (cat bonds) y la colocación de $280 millones en swaps de catástrofes por parte del gobierno de Chile, con el apoyo del Banco Mundial, totalizando $630 millones de cobertura de seguro contra terremotos para el país andino. Michael Bennett, jefe de Derivados y Financiamiento Estructurado, Mercados de Capital y Tesorería del Banco Mundial, dice que el acuerdo mostró el interés de los inversionistas por este tipo de acuerdos.

“Negociamos los bonos y los swaps con una tasa de 4,75% anual, que estaba en un rango muy bajo de lo que habíamos anticipado”, dice. “El mercado de bonos catastróficos está muy concentrado en Estados Unidos. Cuando traemos acuerdos de otras regiones, son oportunidades de diversificación para los inversores”.

Los cat bonds fueron puestos en la Bolsa de Hong Kong y se vendieron a 25 inversores que se distribuyeron casi por igual entre Europa y América del Norte. Los contratos swaps de catástrofes, por su parte, fueron colocados con un número de reaseguradores no revelados, el 60% de los cuales están ubicados en Europa, el 36% en Norteamérica y el 4% en Bermudas. Los contratos cubrirán un período de tres años después de que se haya finalizado la transacción.

El acuerdo no fue el primero realizado por Chile, que ya había acudido al mercado de ILS algunas otras veces en las últimas dos décadas, haciendo un acuerdo para cubrir el riesgo de un terremoto en un valor de $ 1.360 millones en 2019 que también incluyó a México, Colombia y Perú.

México es otro emisor experimentado de bonos catastróficos, ya que renovó el año pasado su participación de $250 millones en la Alianza del Pacífico de 2018 y aprovechó el mercado en otras ocasiones para cubrir terremotos y huracanes, incluido un acuerdo de $485 millones realizado en 2020. En 2021, Jamaica también adquirió $185 millones de protección contra tormentas. Una experiencia de mayor duración es el Fondo de Seguros contra Riesgos de Catástrofes del Caribe, CCRIF, un plan multigubernamental que se estructuró en 2007, recientemente se expandió a América Central e incluyó un par de empresas de servicios públicos del sector.

Lo que todas estas iniciativas tienen en común es la participación del Banco Mundial, que ha estado estructurando herramientas de transferencia de riesgo catastrófico para los países miembros desde 2007. Se emitieron más de $ 3 mil millones en bonos cat con la ayuda del banco en este período y, si se incluyen otras herramientas como los contratos de swaps catastróficos, el total supera los 5.000 millones de dólares, según Bennett. Los gobiernos latinoamericanos son los clientes más frecuentes del programa.

“Utilizamos los cat bonds como un vehículo de reaseguro que nos permite ofrecer seguros a los gobiernos miembros”, destaca. “Un swap de catástrofes es básicamente un acuerdo de reaseguro, pero documentado bajo un contrato de swap”.

Mediante el uso de esos instrumentos, el Banco Mundial ofrece coberturas de seguros paramétricos a los países miembros, cobrando una prima que se pagará a los inversores de ILS. Algunos, como Chile y México, pueden financiar sus propias partes de sus acuerdos, pero otros, como Jamaica y los miembros del CCRIF, dependen de subvenciones externas de gobiernos extranjeros o agencias de desarrollo para poner en marcha sus programas de seguros contra catástrofes naturales.

“Nunca se nos permite tener ningún riesgo de seguro. Solo podemos suscribir una póliza de seguro a un miembro si podemos cubrirlo de forma simultánea y completa de una de estas dos maneras”, señala Bennett. “La ejecución real del mercado es bastante simple porque es solo un contrato de reaseguro con el Banco Mundial. Simplificamos la ejecución tanto como sea posible, pero eso aún deja a los gobiernos con la tarea de tomar decisiones sobre las coberturas paramétricas”.

Ahí es donde el proceso se vuelve realmente complejo para muchos gobiernos de la región. Los ministerios de finanzas carecen de personas con experiencia en el mercado de seguros y reaseguros, y la definición de los parámetros que activarán las pólizas puede ser un proceso complejo.

Para el último bono chileno, por ejemplo, implicó el desarrollo de una estructura de cuadro de catástrofes que abarca todo el territorio del país y que define si la cobertura se activará en caso de un evento. Esto se basa en la profundidad del epicentro del terremoto, cuál es su magnitud y las exposiciones físicas de cada parte del cuadro.

Al igual que con todas las coberturas paramétricas, puede haber casos en los que la cobertura no se active, aunque las pérdidas sean significativas, lo cual es difícil de convencer a los votantes y es algo que los gobiernos pueden no estar dispuestos a aceptar.

“Hay una desconfianza inherente por parte de los gobiernos en relación a la industria de seguros y reaseguros. Pagarán fortunas a los banqueros de inversión sin pestañear, pero cuando a alguien se le ocurre una solución de seguro o reaseguro, simplemente dice que no”, dice Aidan Pope, presidente ejecutivo para América Latina y el Caribe en BMS Group. “Es por eso que no analizan las soluciones ILS tanto como deberían analizarlas. Aún hay mucho que podríamos hacer como industria para educar a los gobiernos al respecto”.

Otro desafío se refiere a los datos. Los terremotos y los huracanes en el Golfo de México son peligros con mucha información histórica, y los datos son recopilados por organismos bien establecidos como el Servicio Geológico de EE. UU. Los peligros cuya frecuencia va en aumento en América Latina, como las sequías y las inundaciones, tienden a depender más de los proveedores de datos locales que podrían ser menos inmunes a los conflictos de intereses de los gobiernos que se benefician de las políticas.

“El mercado de reaseguros y las agencias de modelos se sienten cómodos con el terremoto. Por lo tanto, hacer algo relacionado con un terremoto es un proceso mucho más sencillo que un posible acuerdo sobre inundaciones”, dice Pope. “Una vez que comienzas a combinar los peligros, se vuelve mucho más complicado y mucho más costoso”.

En su opinión, una solución potencial para expandir el uso de vehículos ILS para transferir riesgos de catástrofe natural puede depender de las administraciones locales, en lugar de las nacionales.

“Estamos trabajando en una serie de proyectos con municipios individuales. Hay menos disputas políticas y están mucho más centrados en las necesidades individuales de los pueblos y sus habitantes”, señala Pope.

Es poco probable que las estructuras existentes, con los valores actuales, cubran una gran parte de las pérdidas económicas causadas por un gran terremoto o huracán, pero pueden ayudar a los gobiernos a brindar asistencia inmediata a las regiones afectadas. Se requerirían esquemas de seguros contra catástrofes más completos, incluidos los sistemas de seguro obligatorio, para llevar los niveles de protección a cualquier nivel cercano a los estándares estadounidenses o europeos.

Pero el hecho es que la transferencia de riesgos contra catástrofes naturales sigue siendo un tema que pocas personas todavía quieren discutir en la región, especialmente en tiempos de dificultades económicas. En Brasil, CNSeg, una asociación de compañías de seguros, planteó recientemente la idea de establecer fondos nat cat para seguros de cosechas y riesgos de inundación en áreas pobres, pero la discusión aún necesita ganar fuerza. En otros países, iniciativas similares difícilmente superan las etapas iniciales de discusión.

“Hemos estado insistiendo con el gobierno que, por lo menos, para lo que se denominan activos críticos, debería haber un plan de aseguramiento, lo que hoy no existe,” dice Eduardo Morón, presidente de Apeseg, asociación peruana de empresas aseguradoras.

Lamenta que las conversaciones no hayan progresado mucho ni siquiera después del último y poderoso terremoto que azotó al país, que causó 514 muertes en 2007. El terremoto de 7,8 que azotó a Turquía y Siria en febrero sirvió como otro recordatorio de lo costoso que puede llegar a ser esta catástrofe para el país si no tiene un plan de aseguramiento más robusto. El país europeo se enfrenta a un difícil período de reconstrucción a pesar de que, desde finales de la década de 1990, ha implementado un programa obligatorio de seguro de propiedad contra terremotos. En Perú, sin embargo, solo el 3% de todas las viviendas y alrededor del 15% de los activos de infraestructura están cubiertos contra riesgos.

“Lamentablemente, en Perú, hay una exposición catastrófica parecida a la de Turquía. Pero no hemos avanzado en el tema lo que Turquía ya había avanzado,” dice Morón.


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